María Tettamanti

Directora General

CAMUZZI

Empleados: 1700

1 Sin dudas tendremos por delante meses muy complejos en el plano económico, social y político, ante una situación que atraviesa el país de profundos desequilibrios macro y microeconómicos generados por la distorsión de precios relativos. Sabemos que no son cuestiones fáciles de resolver, más aún en un año que estará muy condicionado por las elecciones presidenciales. Este contexto adverso nos obligará a extremar más que nunca los cuidados en la administración financiera de la compañía para poder hacer frente a nuestras obligaciones como prestadores de un servicio público esencial para los más de 2 millones de usuarios que servimos. 2 En empresas reguladas como la nuestra, el mayor obstáculo es y ha sido en los últimos años, la cuestión tarifaria y regulatoria. Los atrasos en la tarifa de distribución se han prolongado en el tiempo y adicionalmente, no se han implementado subsidios o asistencias económicas que permitan compensarlos. Ser muy eficientes en la administración de los recursos, extremar la creatividad para encontrar soluciones a problemáticas propias de la operación y redoblar los esfuerzos para implementar políticas de gastos muy restrictivas que no impacten en la calidad del servicio, son las variables que nos han permitido sostener la prestación, cumpliendo con los estándares regulatorios de calidad de servicio establecidos.

3 Necesitamos en carácter de urgente que las autoridades gubernamentales comprendan que es necesario normalizar la tarifa de distribución y abandonar definitivamente las políticas de congelamientos tarifarios tan recurrentes en estos 30 años de trayectoria en el país, para evitar que los deterioros que hoy estamos observando se profundicen cada vez más. La experiencia frente a este tipo de medidas ya nos ha mostrado que cuando se interrumpen arbitrariamente las condiciones contractuales y regulatorias, la prestación comienza progresivamente a deteriorarse y afecta la posibilidad de hacer expansiones en los sistemas y, por lo tanto, pone un freno a la incorporación de más usuarios al gas natural. Esto afecta negativamente a quienes hoy consumen energías más caras como el gas licuado, al impedir que puedan gozar de una energía limpia, segura y constante como el gas natural, así como a las economías regionales, por no poder acompañar las necesidades energéticas de las pymes, comercios e industrias. Debemos decir “nunca más” al atraso tarifario como política de ingresos. Hay otras herramientas más adecuadas que deberían ser las utilizadas –como los subsidios directos a los usuarios de bajos recursos– para permitir hacer accesible el servicio público a un vasto sector de la población, sin dañar los ingresos de las compañías prestadoras de ese servicio y que posibilite contar con un servicio de calidad que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible.